Una denuncia por situaciones que podrían constituir el delito de cohecho, en contra del Subdirector Nacional Iquique de la Conadi, Juan Pablo Pérez Angulo, presentó en la Fiscalía regional el empresario iquiqueño, Rómulo Mendoza Copa.
Dicha situación la sustenta a partir de la entrega de considerables montos de dinero a una persona natural que conforma una unión temporal de proveedores con H y H consultores, creada en febrero de este año, para ser favorecida y finalmente, adjudicarse una serie de licitaciones públicas que son previamente publicadas por la Subdirección Norte-Iquique de Conadi en el portal de Mercado Público. Dicha situación se trataría de más de 750 millones de pesos.
El empresario agregó que esos procedimientos de licitación se realizaron en la Región de Tarapacá y Atacama principalmente. Incluso, en ambas regiones, se adjudicaron los proyectos a la unión temporal de proveedores, conformada en reiteradas oportunidades por la misma persona natural.
“Otro hecho que resulta curioso, es su inscripción en el Registro de Consultores de Conadi, al igual que en el caso de la empresa H y H consultores, que conforman una de las uniones temporales de proveedores, coincide con la fecha que contempla dicha institución para presentar las ofertas respectivas”, manifestó.
Rómulo Mendoza destacó una de las licitaciones públicas observadas que, pese a existir una oferta de menor valor, propuesta por el oferente “Amtawi Limitada” por 196.000.000 de pesos, aun así, se haya preferido y finalmente adjudicado el proyecto a la unión temporal de proveedores, “Estudios Territoriales Limitada”, por 200.000.000 de pesos que, se reitera, es conformada por la persona favorecida.
Los antecedentes expuestos permiten dilucidar irregularidades dentro del procedimiento de licitación, ya que, a un mismo proveedor, se le adjudicaron todas estas licitaciones, existiendo un marcado interés sobre una propuesta en particular de parte de uno de los evaluadores que conforma el Comité de Evaluación.
Sobre dichos antecedentes Mendoza expresó, “esa situación deviene que el funcionario público, estaría atentando contra el principio de probidad, transparencia, fe pública, fundamentando la hipótesis del delito de cohecho previsto y sancionado en el artículo 248 y siguientes del Código Penal”.
Rómulo Mendoza sostiene que, los procedimientos en torno a los cuales se desarrollaron las licitaciones públicas en cuestión, aparentemente cumplirían irrestrictamente con la normativa. No obstante, se han presentado situaciones que no son aisladas y que eventualmente podrían revestir caracteres de un ilícito penal.
Por último, Mendoza Copa espera que esta situación se aclare a la brevedad, en vista que, son varios los empresarios que prestan servicios a la Conadi, pero con este tipo de prácticas no se garantiza el principio de transparencia y probidad, ya que los procedimientos de licitación pública efectuados por la entidad licitante, han carecido de imparcialidad y objetividad, ocasionando un desmedro a los empresarios y sus grupos de trabajadores. E incluso, se debe considerar fundamentalmente el perjuicio generado a las comunidades indígenas de la región, en vista que se les impide recibir los beneficios comprometidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cuyo principal objetivo es promover y apoyar sus iniciativas, así como también, proteger y resguardar los derechos de los pueblos indígenas.
